En muchos países se obliga a que, antes de aprobar una política o regulación, se lleve a cabo un análisis coste-beneficio: cuánto va a costar, qué beneficios va a aportar, y cómo se van a repartir. Aquí esto no se suele hacer. Pero la verdad, lo de ni siquiera tener ni idea de cuánto cuesta, me parece un poco fuerte…
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