¿Qué políticas funcionan para reducir la demanda de energía?

 Un nuevo informe que acabamos de publicar en EsadeEcPol, y que me ha servido de base para mi presentación en el XVII Congreso Anual de la AEEE (aunque a mis propuestas he añadido por ejemplo los aranceles al gas ruso, y la eliminación de las bajadas indiscriminadas de impuestos):

El resumen:

 

La necesidad de alinear objetivos de descarbonización e independencia energética de Rusia aumenta el requerimiento de políticas para racionalizar nuestro consumo energético. Las políticas más prometedoras para hacerlo son las que afecten al precio de la energía mediante impuestos y similares, especialmente para hogares, particulares y establecimientos comerciales, por dos razones:

• Mantienen la señal de ahorro energético durante más tiempo
• Evitan el riesgo de ‘efecto rebote’ asociado con otras políticas al sostener el precio de la energía más alto en el largo plazo, desincentivando su consumo

Sin embargo,

→ A corto plazo serán menos efectivas que a largo, dada la baja flexibilidad inmediata de la demanda (que va aumentando conforme encuentra alternativas de sustitución).

→ En su versión más esencial, serán políticas regresivas, salvo que se diseñen para no serlo o se complementen con transferencias/ subvenciones

→ Son mucho más impopulares y por tanto costosas políticamente

Por lo tanto, será imprescindible combinar estas señales de precio con otros instrumentos más efectivos a corto plazo, más viables políticamente, y que corrijan la regresividad.

El establecimiento de estándares y regulaciones es un instrumento útil que ha mostrado su eficacia según la evidencia disponible especialmente cuando se aplica a las viviendas, un frente en el que a España le queda un trecho considerable por recorrer. Es, además, políticamente más viable que la afectación al precio. Ahora bien, por sí mismo puede tener un efecto de ahorro inferior a los anteriores, y también puede producir resultados regresivos.

Para minimizar los riesgos de regresividad, es imprescindible combinar el establecimiento de mínimos obligatorios con apoyo financiero público o privado. Las transferencias y subvenciones tienen la doble ventaja de ser (1) progresivas si se diseñan adecuadamente y (2) muy populares; pero traen el riesgo de un “efecto rebote” en el consumo energético: al subvencionar cierto tipo de consumo, aunque éste sea más eficiente hora por hora que la alternativa, el agregado podría ser mayor. Además, si el diseño no está basado en niveles de renta, podría financiar cambios a la eficiencia energética a hogares que pensaban hacerlos igualmente (“free riding”). El concentrar las ayudas en la población con menor renta, además de reducir la regresividad, reduce también estos riesgos.

Mejorar la información disponible para que los consumidores tomen mejores decisiones es también un ámbito prometedor de actuación, con efectos más modestos, pero sin duda significativos y con potencial de crecimiento, especialmente si están bien diseñadas y permanecen en el tiempo. Específicamente,

→  La información sobre consumo cuenta con suficientes investigaciones a su favor como para recomendarla en primer lugar. Dentro de este ámbito, la comparación entre pares para incentivar el ahorro en lógicas enmarcadas dentro de la norma social también cuenta con evidencia sólida.

→  El etiquetado y establecimiento de certificados de eficiencia energética también cuenta con evidencia positiva, si bien menos abundante, más mixta, y que obliga a tener en cuenta que la información debe ser clara, accesible y completa. De no hacerlo así, el riesgo de efectos nulos o incluso regresivos (de manera que solo los hogares de mayor ingreso puedan acceder a la información y tomar las mejores decisiones) es elevado.

→  En contraste, la evidencia disponible sobre el marcaje de objetivos explícitos de ahorro es prometedora pero insuficientemente detallada.

→  Por último, las auditorías energéticas cuentan con evidencia excesivamente inconcluyente como para recomendarlas de manera clara.

Fuera de las medidas de precio, información y regulación, otras de tipo indirecto podrían reportarle a España un ahorro considerable en la demanda, por ejemplo:

→  La reducción de límites de velocidad en carretera a 110km/h alberga un potencial aproximado de ahorro de 5% anual en demanda de combustible

→  La rebaja de precios en el transporte público podría incrementar el reemplazo de desplazamientos intensivos en carburantes en el largo plazo

→  Los planes específicos de ahorro energético y adaptación en infraestructuras de la Administración Pública