Pues claro que sí. Pero no necesariamente como el que nos propone el Gobierno. A continuación, las sugerencias que he mandado a la consulta pública abierta por el MITERD:
En primer lugar, comparto totalmente la idea de que contar con un organismo que vele por el cumplimiento de los objetivos y políticas climáticas, necesariamente de largo plazo, es fundamental en las democracias actuales, cada vez más sujetas a las presiones electorales de corto plazo. Esto se recoge muy bien en el preámbulo del borrador de Real Decreto, en el que además se menciona, correctamente en mi opinión, al Comité de Cambio Climático británico como referencia.
Pero para que esta entidad cumpla con su función (al igual que hace el comité británico), creo que son esenciales tres elementos: capacidad de análisis, capacidad de formular recomendaciones, e independencia para hacer estas dos tareas. Idealmente, también sería muy bueno que contara con capacidad de obligar al Gobierno a seguir sus recomendaciones, tal como hace el comité británico, aunque entiendo que eso ya es un escalón más controvertido. Pero, desgraciadamente, creo que el comité de personas expertas que se propone difícilmente contará con estos elementos esenciales, salvo que se modifiquen tanto alguna de las condiciones de partida como los elementos de diseño.
El primer problema es que la norma no supone ningún incremento del gasto público. Eso, en mi opinión, no es eficiencia. Eficiencia es hacer lo que se debe, al menor coste posible. Pero si, para hacer lo que se debe, hacen falta recursos, el no dedicar ninguno supone ineficacia, y por tanto, ineficiencia. El garantizar que un comité de este tipo no supone consumo adicional de recursos es por tanto una contradicción en sus propios términos.
En este sentido, el seguir confiando en el voluntariado para los comités de personas expertas me parece una receta para la inacción. Por propia experiencia, la participación en un comité de personas expertas requiere de una dedicación significativa, tanto si se cuenta con un equipo de apoyo como si no. El analizar información y formular conclusiones no debería ser tarea para los fines de semana de personas ya generalmente muy ocupadas (en parte por eso son expertas), porque hay un riesgo elevado de que no se realicen las tareas con el nivel e intensidad requeridos. Es cierto que se menciona que el CSIC aportará apoyo técnico y administrativo, pero de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. ¿Cuáles serán?¿Serán suficientes?
El segundo problema es la independencia. En un comité de cambio climático la independencia es esencial, si no, es imposible ofrecer a la sociedad un análisis y recomendaciones apropiados. El artículo 2 lo recoge claramente. En principio, el contar con un organismo de investigación reputado como el CSIC debería dar credibilidad a los análisis. Pero recordemos que, a pesar de su prestigio y de la independencia académica de sus miembros, sigue siendo un organismo dependiente del Gobierno. ¿Permitiría el Gobierno que una institución que depende de él emitiera un informe contrario a sus intereses?¿Aseguraría el Gobierno la independencia del organismo? Hay algunos ejemplos preocupantes (no necesariamente relacionados con el CSIC).
Por otra parte, si a los miembros los nombra directamente el Ministerio, y al Presidente lo designa directamente, ¿seguro que podemos garantizar la independencia con respecto al Gobierno, esencial en un órgano como este?¿No tendría más sentido que fueran nombrados por el Parlamento por mayoría cualificada, para lograr consensos y evitar partidismos?
Finalmente, respecto a la capacidad de formular recomendaciones: es muy conocido el dicho, atribuido seguramente de forma errónea a Napoleón: "Cuando quiero que un asunto no se resuelva, se lo encargo a un comité". Esto evidentemente no puede generalizarse: hay comités muy operativos y eficaces. Pero un comité de "al menos" 25 personas no es un comité, es una asamblea, y eso es esencialmente inoperativo. Si se cuenta ya con una asamblea ciudadana por el clima, que cumple con las funciones de representatividad de la sociedad¿qué necesidad hay de ampliar tanto el tamaño del comité? Un comité de 8 personas puede ser igualmente representativo, y mucho más ejecutivo. Salvo, claro, que se quieran distribuir mucho las tareas para que estas no supongan una carga para nadie...pero eso como mencionaba antes no es la manera de solucionar de forma apropiada la gestión del volumen de trabajo necesario.
¿Cuál sería la alternativa?¿Cómo podríamos diseñar un comité con las características necesarias?
- Primero, dotándole de recursos propios. No tanto a las personas expertas (que también), sino, y sobre todo, dotándole de un equipo de análisis independiente dedicado en exclusiva a trabajar para ello.
- Segundo, asegurando la independencia frente al Gobierno: los miembros deberían ser nombrados por el Parlamento por mayoría cualificada.
- Tercero, haciéndolo más ejecutivo. Creo que con 8-10 personas sería suficiente para cubrir todos los ámbitos necesarios. Los verdaderos expertos saben a quién preguntar cuando necesitan ampliar conocimiento o salirse de su ámbito.
Entiendo que es complicado establecer una institución de este tipo en la Administración General del Estado española. Pero ya hay instituciones similares: la AIREF es el ejemplo más claro, la referencia que debería haberse utilizado en el marco español si realmente queremos contar con los elementos citados anteriormente. Claro, si la condición de partida es que no consuma recursos adicionales, y que el Gobierno sea quien nombre a sus miembros, entonces es otra cuestión. Pero la pregunta que surge entonces es, si en ese caso, tiene sentido realmente crear un comité que no tenga los atributos deseables. Para ese viaje...
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