La Comisión publicó el miércoles su menú de medidas para afrontar la crisis energética. La verdad es que, como dicen ellos mismos, ninguna es buena. Todas tienen problemas, o de distorsión de mercado (nacional o europeo), o de necesidad de financiación (coste fiscal) o de complejidad informativa y administrativa (como el windfall tax o una regulación por coste de servicio).
Por eso, y aunque a algunos se les ponen los pelos de punta cuando lo digo (y como saben mucho más que yo, habrá que hacerles caso), yo sigo creyendo que la mejor opción es:
- Que una entidad que agregue a la demanda (que podría ser OMIP, por ejemplo) haga contratos de un plazo razonable con los generadores, a un precio razonable que seguro que todos, salvo los que únicamente tienen ciclos combinados, pueden encajar. Cuando haya un ciclo que no pueda recuperar sus costes dentro de su portfolio y que sea necesario para el sistema, se podría socializar su extracoste entre todos como ya hacemos por ejemplo en los mercados de ajustes, o bien socializarlo dentro del pool de contratos que firmaría esta entidad.
- La citada entidad contrataría toda la energía necesaria para el sistema, y luego la pondría a disposición de comercializadores (regulados y libres) o de los clientes finales que pueden ir directamente a mercado. Al tener todos acceso a esta energía a un precio uniforme no se distorsiona la competencia en el mercado minorista. La estructura de los precios ofrecidos por la entidad a la demanda podría perfectamente discriminar con perfiles horarios, de forma que se mantenga una estructura de incentivos para desplazar consumos de la punta al valle (como hace el PVPC, al que no pretendo cargarme ni mucho menos, aunque eso daría para otra entrada). Y esta energía se puede ofrecer como opción, y no como obligación, porque el que ya esté contratado a un precio razonable no lo necesita.
- En algunos países de LatAm por ejemplo se utiliza algo similar: se obliga a todos los comercializadores a contratar una cantidad a largo plazo. La diferencia de esta propuesta es que hacemos un pool de los comercializadores, buscando que la agregación de toda la demanda facilite el encontrar un precio aceptable (sí, estamos creando un monopsonio intermedio, pero es uno de los costes que podemos tener que asumir temporalmente en emergencia)
- Estos contratos podrían negociarse bilateralmente, que creo que es la mejor opción, porque deben reflejar de alguna forma el distinto portfolio de generación de las empresas. La alternativa sería montar una subasta, pero esto resultaría en un precio uniforme, lo cual no sería necesariamente justo para todos (el pay as bid no sirve dado el conocimiento que tienen todos del parque generador).
- Si los contratos toman la forma de contratos por diferencias, liquidados a un plazo mensual, por ejemplo, mantenemos la señal de operación eficiente a los generadores.
- Para evitar que estos contratos generen males mayores a medio plazo, se puede sujetar su caducidad a un determinado precio del gas: es decir, cuando la emergencia, reflejada en los precios del gas, termine (por ejemplo, cuando el gas baje de los 40 €/MWh de gas), los contratos se extinguen o dejan de ser válidos. Esto puede instrumentarse por medio de una opción.
- Es importante señalar que, con esta opción, no hay ayuda que deba ser monitorizada por la Comisión, ni incumplimiento del artículo 5 de la Directiva de Electricidad. Realmente la "ayuda" la gestionan internamente los generadores dentro de su portfolio, internalizando los windfall profits (que tampoco por tanto hace falta que sean calculados por el gobierno), y lo que no pueden gestionar los generadores con ciclos lo gestiona la entidad que firma los contratos.
- Otra cosa importante a señalar es que tampoco estamos afectando los precios del mercado mayorista, igual que no lo hacemos con los contratos actuales. Por tanto, se mantiene la señal de coste de oportunidad para la hidráulica, o los intercambios internacionales.
- De hecho, lo ideal es que esto ni siquiera fuera una regulación, sino un acuerdo libre por parte de los generadores, como de hecho ya están haciendo en el mercado cuando ofrecen tarifas asequibles. Como decía a Nacho Fariza, creo que a ninguno le interesa ser la empresa que se aprovecha de los consumidores en estas circunstancias. Y ante un contrato voluntario entre los agentes (aunque esté promovido por el Gobierno), en el que no hay subvenciones públicas, la Comisión Europea no puede decir nada sobre distorsión del mercado interior. De hecho, esta muy bien podría haber sido la situación si todos hubiéramos estado adecuadamente cubiertos a largo plazo, como seguro que está pasando en otros países europeos.
- En todo caso, si hubiera dudas sobre la voluntad de los generadores en contratar a precio razonable, siempre se les puede enseñar el palo de una regulación más dura...que al fin y al cabo es como funcionan muchos de los acuerdos voluntarios o sistemas de autorregulación.
La medida más parecida a esta de las que propone la Comisión (y por tanto, la que más razonable me parece del menú europeo) es la subvención del coste de los fósiles para los generadores. La diferencia es que en la de la Comisión hay distorsión de los precios mayoristas (y por tanto de los intercambios, por ejemplo si los precios españoles son más baratos por esta subvención exportaríamos a Francia innecesariamente). El coste sería similar, porque aunque parezca que en lo que propongo el coste se lo comen las eléctricas, tampoco es así: realmente estamos socializando en las dos el coste de los fósiles, en un caso (mi propuesta) internamente a las empresas, en el otro (la de la Comisión) externamente. Aunque es cierto que el ahorrarnos la financiación externa de la medida puede tener ventajas en términos de regulación.
Problemas que yo mismo veo en mi propuesta:
- Está basada en buena voluntad y en la autorregulación (aunque con el incentivo de la alternativa dura). Pero si no hay buena voluntad en estos tiempos, es que nos falla algo.ç
- Es cierto que no hay una señal tan fuerte a reducir el consumo de energía, algo también muy importante en estos tiempos. La pregunta es si, para la mayoría de los consumidores, realmente es importante a la hora de reducir que el precio de la electricidad esté a 100 o a 250. Yo creo que la señal es muy parecida, y las normas sociales son igual o más poderosas. En este sentido, y al menos mientras dure la emergencia, reconozco que mi preocupación no es precisamente que los consumidores más pequeños respondan al precio o no. Creo que tenemos preocupaciones mucho más importantes encima de la mesa (inflación, impacto en la cartera, etc.)
- Hay más complejidades en las que no me he metido (en parte por falta de conocimiento) a la hora de articular los contratos en los que se basa todo esto. Pero, la verdad, no creo que falten expertos en esto en sitios como OMIP...
- Y, por supuesto, una pregunta perfectamente válida es: si esto realmente no implica cambio de regulación, ¿por qué no se hace ya?¿Qué aporta la propuesta? Creo que lo que aporta es la coordinación y la centralización, que puede ayudar a que lo que los agentes no harían de forma individual o descoordinada, sí se haga si hay un impulso central (y también una amenaza de regulación).
Luego, por supuesto, está el tema del mercado del gas, que también tiene su miga. Lo que pasa es que ese mercado es mucho más difícil de controlar sin que sea necesario utilizar reservas fiscales para compensar costes. Ahí creo que hay muchas menos opciones, y son todas peores además (un cap al precio del gas reduce el incentivo a traer gas a Europa, así que habrá que sacar las mantas que decía Carlos Batlle el otro día en el webinar de Aelec). De nuevo, todo pasa por lograr contratos razonables con los productores de gas internacionales (distintos de Rusia, claro). Y eso es bastante más complicado.
PS: Gracias a Michel y Tomás por dejarse para rebotar esto. Por supuesto, la responsabilidad por todos los errores es exclusivamente mía.
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