Decía el otro día que el sistema
establecido por el Gobierno para que las empresas cumplan con la obligación de
ahorrar energía establecida por la Directiva Europea de Eficiencia Energética
tenía dos problemas: uno, la cuantía del pago; y dos, el destino de los fondos.
Vamos por partes.
La cuantía del pago se establece en casi
790.000 euros por tep (tonelada equivalente de petróleo) ahorrada, o 67.916
euros por GWh. Hay dos maneras de analizar este numerito. Primero, compararlo
con lo que cuesta producir energía (hablo de producir, no de precios al
consumidor). El MWh eléctrico está a 50 euros/MWh. El gas natural, a 20
euros/MWh, y las gasolinas y gasóleos en unos 60 euros/MWh. Si tomamos las
cuotas de cada tipo de vector energético en el año 2013, el precio medio
ponderado (haciendo simplificaciones grandes) sale alrededor de los 45 euros el
MWh.
Si los beneficios del ahorro y la
eficiencia energética son, entre otros, permitirnos no consumir energía, lo
lógico es que lo hagamos sólo mientras sea más barato que producir energía.
Siempre se puede argumentar que hay fallos de mercado y barreras que impiden
que se consiga la eficiencia energética óptima, y que por tanto puede ser
necesario pagar algo más por ella. Pero se me antoja grande la diferencia, casi
el doble…¿de verdad es tan caro esto de la eficiencia?
Yo creo que no. Si miramos el informe
que realizamos desde Economics for Energy hace unos años, vemos que hay un
potencial enorme de ahorro de energía muy por debajo de los dichosos 68 euros
por MWh (de hecho, también hay mucho potencial a coste negativo). Desde luego,
para conseguir un ahorro de un 1,5% de la energía consumida en España no haría
falta pagar 68 euros/MWh, sino bastante menos, porque este ahorro traería
también retornos económicos que compensarían más que de sobra la inversión a
realizar.
Aquí creo que está la clave del problema
de la medida del Gobierno, y la razón para que las empresas se quejen: resulta
que las empresas tienen que pagar por muchas inversiones que deberían ser
rentables en sí mismas, y en todo caso deberían ser más baratas que esa
contribución que se les exige. De hecho, algunas podría encontrar estas
oportunidades más baratas de ahorrar incluso dentro de la propia empresa, y sin
embargo no se les permite contabilizarlas.
Entonces, ¿qué se va a hacer con todo
este dinero extra?¿Promover mucha más eficiencia de la necesaria?¿Seguir subvencionando
actuaciones que no necesitan subsidios?¿Reducir el déficit de tarifa?
Además, cuando uno mira cómo se han
gestionado tradicionalmente este tipo de fondos no hay mucho lugar para el
optimismo: en lugar de asignar estos fondos de forma competitiva, y evaluando
bien los ahorros conseguidos, los fondos se han colocado mediante subvenciones
estándar, y lo único que se ha evaluado es si los fondos se habían ejecutado o
no, independientemente de que ahorraran. Y eso por no hablar de los cambalaches
requeridos para distribuir el dinero por comunidades autónomas…
Si a un mecanismo de reparto de fondos
cuestionable ahora lo único que hacemos es echarle más dinero encima,
permítanme que cuestione la eficiencia de un sistema que podría haber sido
bueno. Más bien me temo que, otra vez, y por culpa de un mal diseño de los
detalles, acabaremos tirando el dinero de todos. En estas circunstancias, ya no
tengo claro si realmente este sistema del Fondo Nacional de Eficiencia es la
mejor solución, o si mejor volvemos a obligaciones de reducción a secas…¿Cuándo
conseguiremos una regulación apropiada?
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