A finales de diciembre se alcanzó (igual que con el CBAM) un acuerdo en el trílogo para la aprobación del nuevo ETS para edificios y transporte. Con múltiples salvaguardas (porque si no, efectivamente, esta aprobación hubiera sido suicida) y con un fondo social asociado (que no parece ser el mismo que el previsto en Fit for 55, pero que efectivamente competirá con él en cuanto a su financiación).
Esto, al contrario que el CBAM, sí es una buena noticia en cuanto a que ya consigue incluir a los sectores difusos en la política climática, pero sabiendo que en cualquier caso difícilmente será eficaz: 10 céntimos de diferencia en el coste de los combustibles para el transporte, por ejemplo, es irrelevante para muchos consumidores salvo para los transportistas profesionales, claro, a los que habrá que ver cómo ayudar (con el riesgo de que la ayuda elimine totalmente el incentivo a descarbonizar). Algo parecido puede pasar en los edificios. Como en tantas otras ocasiones, y nos muestra la reciente tesis de Elena López-Bernabé (a la que aprovecho para felicitar públicamente por ello), la descarbonización de los edificios no es un problema sólo de dinero.
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