El otro día me preguntaba una colega del mundo académico (con un CV envidiable) que cómo podía entrevistarse con políticos españoles, para informarles acerca de cómo sus investigaciones tenían resultados interesantes para la política, de forma que pudieran utilizarlos. Por supuesto, y como podéis imaginar, mi colega ha hecho su carrera académica en el extranjero, más precisamente en EEUU, y pensaba que, como allí, nuestros políticos apreciarían que los analistas académicos les informaran y asesoraran para poder tomar mejores decisiones.
Pero claro, eso ya, como muchos sabéis, no es lo que ocurre aquí. No se me ocurre mejor manera de ilustrarlo que volviendo al análisis del AVE, y a la entrada de Daniel Albalate y Germá Bel en Nada es Gratis, y que muestra estupendamente cómo funciona la cosa aquí:
- Primero, ni se pregunta a los buenos analistas (no sea que digan algo que no nos guste).
- Si los analistas hablan, se les trata de rebatir primero en sus conclusiones, y luego aportando elementos fundamentales (según los políticos) que no se han tenido en cuenta, y que, casualmente, son difíciles de medir; una de las más populares es lo del efecto en la industria española, que también mencionan Albalate y Bel al final.
- En tercer lugar, y si no se han escapado ya, pasan a desacreditar a los analistas (les habrá pagado fulanito o menganito, porque ya se sabe que el ladrón cree que todos son de su condición).
- Hay algún caso (excepcional) en el que no se hace nada de esto, y en el que realmente se pregunta a los analistas. Pero en esos casos (se me ocurre el Libro Blanco del sector eléctrico, o los informes de la Comisión de Expertos sobre universidades o sobre reforma fiscal) se meten los informes en el cajón y no se vuelven a mencionar.
Por supuesto, de vez en cuando hay alguna excepción honrosa entre los políticos. Pero tan aislada que vale para poco. Ya podéis adivinar qué contesté a mi colega...
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