En este nuevo número de Papeles de Energía presentamos la evidencia acerca de las subvenciones para rehabilitación energética o sobre etiquetas energéticas, junto con una evaluación preliminar del sistema de certificados de ahorro energético en España. Muy recomendable. Como siempre, copio la intro y resumen a continuación:
En general, todos los planes de descarbonización de nuestras economías incluyen el ahorro y la eficiencia energética como uno de los vectores principales para lograr la reducción de emisiones a la vez que se mantiene el nivel de satisfacción de servicios energéticos demandados por los consumidores.
Así, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, en su World Energy Outlook, considera que, para cumplir con los objetivos de cambio climático, la demanda de energía global debe reducirse un 20% frente al nivel actual, o un 26% frente al nivel esperado sin cambios en las políticas. Lo mismo sucede a nivel europeo o español. Por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en su última actualización, plantea mejorar la eficiencia energética primaria en un 43%, o, en otros términos, una mejora anual de la intensidad energética final del 3,1% anual hasta 2030.
Sin embargo, y más allá de las reducciones de consumo energético asociadas a la destrucción de la demanda industrial (como la asociada a la reciente crisis de 2022), lo cierto es que la eficiencia energética no avanza tan rápido como debería. Por ejemplo, frente a las reducciones anuales de la intensidad energética del 4%, que serían las estimadas por la Agencia Internacional de la Energía para cumplir con los objetivos de descarbonización, los últimos años sólo muestran reducciones de 1-2%.
Quizá una de las razones para este progreso menor de lo esperado es que, a pesar de las evidentes ventajas para economías y consumidores tanto en término de coste como de reducción de emisiones, es complejo encontrar un modelo de negocio viable para la eficiencia energética, en el que los agentes que deban movilizarla puedan rentabilizar sus esfuerzos. Existen distintas razones para ello: dificultad para acceder a la financiación, percepción de riesgo por los consumidores, información asimétrica o directamente falta de información, falta de atención…
Las políticas que pretenden promover la eficiencia energética deben pues diseñar instrumentos capaces de solventar estos problemas. En este número revisamos algunos de los instrumentos más habituales, desde distintas perspectivas.
Un primer instrumento es el que ayuda a financiar la inversión de los agentes mediante subsidios, que pueden ser proporcionados directamente, o bien canalizados a través de los llamados certificados blancos (o, en España, Certificados de Ahorro Energético o CAEs).
Louis-Gaëtan Giraudet, investigador del Centro Internacional de Investigación sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIRED), nos ofrece una amplia comparativa del funcionamiento de los subsidios (incluyendo los certificados blancos) para rehabilitación residencial en Francia, un país con un catálogo muy completo de este tipo de programas.
En general, estos programas son efectivos a la hora de aumentar las inversiones en eficiencia, aunque con un gran número de participantes “inframarginales”, es decir, que invertirían aun en ausencia de subsidios. Esto los hace poco eficientes en el uso de los fondos públicos. Sin embargo, cuando se añaden el resto de beneficios de estos programas (mejoras de salud, acceso a la financiación, etc.) entonces sí pueden ser atractivos.
Sin embargo, el autor recuerda que la clave reside en el diseño: así, los subsidios “por unidad” y no “por gasto” generan menos distorsiones; su focalización en los hogares vulnerables los hace más eficientes (aparte de más equitativos); y los programas gestionados a nivel local muestran propiedades más favorables. Los programas gestionados directamente por las compañías energéticas no presentan atributos más positivos que los públicos, lo que puede recomendar fusionarlos.
Como decíamos, uno de los programas analizados por Giraudet es el de certificados blancos, establecidos en Francia en 2006. Este sistema consiste en fijar una cuota de ahorro energético para agentes como los comercializadores de energía, y permitirles cumplirla mediante la presentación de certificados de ahorro. Estos certificados, a su vez, se emiten contra la instalación de equipos que ahorren energía (por ejemplo, una caldera más eficiente, o un equipo de recuperación de calor). Quizá su atributo más interesante es que pueden ser comprados y vendidos en un mercado, que por tanto pone precio a dichas actuaciones, y que a través de esa señal permite que sean los agentes más eficientes los que las realicen, y también que se identifiquen las actuaciones más económicas.
En España han sido recientemente implantados, y Jon Macías, Chief Commercial Officer de EDISON NEXT, y presidente de la Junta de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESE), nos muestra el presente de los CAEs en España, y sus perspectivas de futuro.
Los CAEs se implantaron en España en 2023 para que las empresas pudieran sustituir las aportaciones económicas que hasta ese momento hacían al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) por ahorros de energía certificados mediante los citados CAEs. Las actuaciones que permiten generar CAEs están recogidas en un catálogo con 114 fichas, y además se permiten acciones singulares. Entre estas actuaciones están los sistemas de monitorización energética, el reemplazo de calderas, o el cambio de sistemas de iluminación.
En España los sujetos obligados a ahorrar energía son las comercializadoras de gas y electricidad, y los operadores al por mayor de productos petróliferos y GLP, que son por ello los interesados en adquirir estos CAEs para evitar la contribución económica al FNEE.
El balance de implementación de los CAEs hasta ahora es positivo: en 2024 se realizaron más de 1.200 actuaciones, con un ahorro de 2 TWh de energía final, que equivale al 1% de las emisiones anuales de CO2 de la industria. Los ingresos estimados por los CAEs son de 230 millones de euros. Ahora bien, la mayoría de los CAEs vienen de 78 actuaciones singulares en el sector industrial.
El autor considera que el futuro del sistema es prometedor, pero requiere que tanto el sector público como el privado sigan apostando por su desarrollo. En este sentido, las obligaciones de ahorro (y por tanto la necesidad de CAEs) son crecientes en los próximos años, por lo que se espera que este mercado crezca hasta unos 1.700 millones de euros.
Otro instrumento que trata de incentivar la eficiencia energética son las etiquetas energéticas, promovidas por la Unión Europea e implantadas en los Estados Miembros. Las etiquetas tratan de solucionar los problemas de falta de información por parte de los consumidores, proporcionando datos sobre los consumos esperados, y en ocasiones, sobre los gastos previstos.
Ivan Petrov y Eleanor Denny, de Trinity College Dublin, nos ofrecen una visión amplia de la evidencia empírica reciente acerca del uso de las etiquetas energéticas en dos de las mayores compras que hacen los hogares: viviendas y vehículos. Tras introducir la problemática general de la eficiencia energética de una forma clara y accesible, los autores pasan a discutir el papel que la información vía etiquetas juega en la compra de viviendas y vehículos. Básicamente, las etiquetas tratan de resolver el fallo de información, que a su vez, supone una barrera para la inversión en eficiencia.
En su revisión de la literatura, los autores encuentran que las viviendas más eficientes se venden a precios mayores, y que por tanto el etiquetado mejora el bienestar en el mercado inmobiliario, en particular en el mercado del alquiler, en el que la información sobre la eficiencia energética tiene aún mayor valor. En cuanto a los vehículos, las etiquetas no se han demostrado tan efectivas, quizá porque hay otros atributos mucho más importantes para el comprador, o porque el consumidor no termina de “fiarse” de la información de las etiquetas, a la vista de algunas divergencias observadas entre consumos reales y teóricos.
En cualquier caso, los autores advierten de que para que las etiquetas funcionen bien es necesario que trasladen la información de forma entendible y realista. Y también que no son capaces de solucionar todas las barreras para la eficiencia energética.
Otro ámbito en el que las etiquetas energéticas han demostrado su capacidad de incentivar la compra de equipos más eficientes es en los electrodomésticos. Elena López-Bernabé, de la U. de Castilla-La Mancha, y Amaia de Ayala e Ibon Galarraga, de la Universidad del País Vasco y BC3, resumen sus investigaciones sobre el caso de las lavadoras en España.
En este caso, los investigadores encuentran que el consumidor está dispuesto a pagar una prima del 11% sobre el precio final para las lavadoras con mayor nivel de eficiencia. Esta prima además ha aumentado desde las primeras estimaciones hace más de 10 años. La prima es inferior a la que se encuentra para frigoríficos (que se utilizan más) o superior a la de otros electrodomésticos de menor uso, reflejando pues que el consumidor se comporta de forma racional. Además, también se observan diferencias en las primas en función de criterios culturales o medioambientales.
Los autores subrayan el papel que puede jugar el conocimiento de esta prima, por ejemplo a la hora de diseñar políticas de subsidios que eviten el comportamiento inframarginal citado anteriormente. Y también recuerdan la importancia de las políticas de promoción e información para que los consumidores respondan a estas etiquetas.
En todo caso, y como siempre, les recomiendo leer los artículos al completo, ya que enconttrarán múltiples resultados y reflexiones de interés acerca de la mejor forma de promover la eficiencia energética, clave para la transición.
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