Eso nos propone este equipo de Simon Fraser University. Ellos defienden claramente el papel de las políticas públicas para la promoción activa de los VE, basados en las experiencias exitosas como las de California o Noruega. Yo, igual que ellos, creo que hacen falta políticas públicas, pero bien orientadas, y no todas valen. En este sentido, creo que lo más efectivo es actuar sobre la bajada de costes de las baterías, bien via I+D o proyectos a escala comercial, pero movilizando la competencia y la innovación.
Y para eso, comparto su opinión de que el mejor enfoque no es ni el californiano que el noruego, al menos desde el punto de vista del contribuyente (aunque el californiano es mejor que el noruego, es cierto que se enfrentaría a resistencias por parte de los constructores, muy importantes en España por ejemplo). La mejor política es fijar un objetivo de reducción de emisiones (no sólo CO2, sino también otros contaminantes), y dejar que los fabricantes peleen por la mejor solución. Eso incluye, por supuesto, eliminar a los vehículos más antiguos y contaminantes, o desarrollar todo el potencial del motor de combustión interna (en lugar de despilfarrarlo en más potencia o más peso), algo que no va en contra de los intereses de los fabricantes, y a lo que por tanto no deberían mostrar tanta resistencia. Aunque por supuesto hay que tener cuidado con las cuestiones distributivas.
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