En este debate actual entre si facilitar la tramitación administrativa de proyectos renovables (o de redes, u otras infraestructuras relacionadas con la transición), o si proteger los intereses de los afectados, este artículo (via Tyler Cowen) me ha parecido muy interesante, por sus reflexiones acerca de las ventajas e inconvenientes de cada opción (aunque venga de EEUU hay muchas cosas muy similares).
Su conclusión es que la forma de solucionar el conflicto es hacer más planificación pública, pero eso sí, mucho mejor realizada:
More comprehensive, more centralized, better financed, more expert-driven, and more participatory planning up-front can partially be a substitute for protracted litigation later.
Y que, si esa planificación se hace con todas las garantías, entonces sí podemos dar al gobierno la confianza para actuar como decisor en estos conflictos.
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