Nuevo número de Papeles de Energía. Como siempre copio abajo el editorial:
Como todos los años desde 2020, en Papeles de Energía queremos reflejar el estado de la investigación en economía de la energía en España. Para ello, y en colaboración una vez más con la Asociación Española para la Economía Energética, premiamos los tres trabajos presentados en el congreso anual de la Asociación que mejor contribuyen a difundir entre la sociedad temas de investigación de calidad en materia de transición energética.
La Asociación Española para la Economía Energética (AEEE), fundada en 2004, es la filial española de la Asociación Internacional de la Economía de la Energía (International Association for Energy Economics). Está constituida por un grupo de profesionales del mundo académico, empresarial y de la administración que consideran que la ciencia económica tiene mucho que aportar al enfoque y solución de los problemas energéticos.
Su objetivo, coincidente en gran medida con el de esta revista, es generar debates económicos, poner en común a profesiones de la economía de la energía, y divulgar conocimientos en el campo de la economía de la energía. Y para ello se realizan diferentes actividades: un congreso académico anual, un mapa de investigadores, un boletín de revistas y de socios, así como jornadas técnicas sobre cuestiones de especial relevancia para el modelo energético.
Los trabajos presentados en este número fueron seleccionados en el XIX Congreso de la AEEE, celebrado en Granada en junio de 2024. Desde Papeles de Energía, una vez más, queremos agradecer a la AEEE su entusiasmo esta colaboración, y a todos los autores que se presentaron a la convocatoria su interés por la misma. Este año, en particular, es reseñable el hecho de que dos de los tres artículos premiados han sido realizados mediante la colaboración de investigadores españoles con instituciones internacionales, lo que da prueba de la creciente internalización de nuestros investigadores y sus ámbitos de actuación.
Un primer ejemplo es el trabajo “La interdependencia de las instituciones financieras canadienses: una aplicación a los shocks de transición climática”, elaborado por Gabriel Bruneau, Javier Ojea-Ferreiro, Andrew Plummer, Marie-Christine Tremblay, y Aidan Witts, todos ellos del Banco de Canadá. Su trabajo analiza el impacto de los riesgos de transición climática (tratados ya en el nº16 de la revista, en febrero de 2022) sobre el sistema financiero canadiense: entidades de depósito, sector de seguros de vida, fondos de inversión, y fondos de pensiones.
Para ello combinan el análisis de escenarios con un modelo basado en agentes, que captura los efectos tanto directos como indirectos, por ejemplo analizando cómo el deterioro del crédito y de los derivados puede dar lugar a problemas de liquidez a través de canales de crédito intersectoriales. Los autores parten de un análisis en el que evalúan, para cada sector, los cambios en cuatro componentes: costes de emisiones, costes indirectos, inversiones e ingresos. A continuación traducen estos cambios en medidas de riesgo de crédito, de mercado y de liquidez. Posteriormente, estudian la transmisión de estos riesgos entre los distintos agentes financieros.
Una conclusión de gran interés es que un escenario de transición climática diferida crea impactos directos relativamente modestos, por la baja exposición del sistema canadiense a los sectores negativamente afectados; sin embargo, las interconexiones entre sectores hacen que este efecto se amplifique, sobre todo vía fondos de inversión. Los fondos de pensiones o el sector de seguros de vida, en cambio, gracias a su política de inversión a largo plazo, pueden mitigar los efectos al invertir en activos infravalorados.
El segundo ejemplo de la internacionalización de los investigadores españoles es el trabajo de Marta Ojea y John Curtis, del Economic and Social Research Institute de Irlanda. Su investigación analiza el efecto en Irlanda de la normativa europea para regular las emisiones industriales. Esta normativa exige que las instalaciones industriales cuenten con licencias de operación basadas en límites de emisiones, tratamiento de vertidos, y otras medidas de protección ambiental. En Irlanda, la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) es la responsable de otorgar las licencias, y de asegurar su cumplimiento. Para lo segundo realiza inspecciones periódicas, que se priorizan para aquellas instalaciones con mayor riesgo para la salud o el medio ambiente, o para las que cuenten con un mayor historial de infracciones.
Los autores se preguntan por el posible impacto de la frecuencia de la supervisión en el comportamiento de las plantas industriales, y si se confirma la literatura científica según la cual la frecuencia de las inspecciones y la magnitud de las sanciones tienen un efecto significativo en la reducción del incumplimiento de las normas y de los impactos ambientales. Así, formulan un modelo de regresión que relaciona las infracciones con las inspecciones (retardadas, para evitar endogeneidad).
El estudio encuentra que las inspecciones contribuyen significativamente a mejorar el comportamiento de las instalaciones industriales: el riesgo de infracción es un 20% inferior. Sin embargo, en caso de infracción, las instalaciones tardan tiempo en poder volver a cumplir con la normativa. Además, según los autores, la adopción de incentivos dinámicos es fundamental para mejorar la efectividad de la actividad supervisora, y por tanto Europa debería continuar reforzando la implantación de estas medidas.
Finalmente, el artículo de Jorge Bielsa Callau, Ignacio Cazcarro, y Guillermo Rodríguez-López, de la Universidad de Zaragoza, estudia una cuestión de gran actualidad, y fundamental para lograr un despliegue renovable significativo: El impacto socioeconómico local de las energías renovables en España, algo esencial para mejorar su aceptación (véase el número 20 de esta revista, de febrero de 2023). En particular, los autores examinan los impactos para la energía eólica, usando diferentes escalas geográficas y temporales.
El artículo presenta una recopilación de estudios previos, tanto propios como de otras publicaciones, de los efectos de despliegues eólicos en términos de empleo y renta, y de sus implicaciones para el desarrollo rural. La herramienta fundamental de análisis es el modelo input-output multirregional (MRIO). Los autores evalúan los impactos a nivel agregado para España, pasando luego a detallar los efectos sobre Aragón, y a nivel comarcal para Matarraña y Campo de Belchite, ambos en Aragón.
La revisión de los estudios muestra que, aunque los beneficios globales son significativos, las comunidades locales en áreas rurales no siempre reciben una parte que justifique los costes que soportan. Especialmente en el caso de la energía eólica, los efectos positivos en la fase de construcción son limitados, y así los empleos generados se limitan a 0,68 por cada millón de euros invertidos (que se pueden contrastar con algo más de 18 empleos por millón de euros a nivel regional). Los autores defienden que son necesarias políticas más inclusivas para las comunidades rurales, como la participación local en los proyectos, o el desarrollo de modelos de copropiedad o mecanismos de compensación.
Agradeciendo de nuevo a todos los autores su participación, animo a los lectores a que profundicen en estos análisis tan relevantes para el diseño de la transición energética en España.
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