El MITECO ha aprobado la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que incluye un par de ideas interesantes: el ligar la percepción del bono social a la renta de los hogares (algo que llevábamos demandando nosotros desde hace 10 años; y el utilizar los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) para promover actuaciones en hogares vulnerables.
Inicialmente me parece muy buena idea el apalancar esta medida sobre los CAEs, que, a pesar de todos sus problemas, están teniendo bastante éxito. Pero hay un par de cuestiones a solucionar:
- Si se va por la vía del factor multiplicador, habrá que ver primero cuál debería ser el factor para que realmente promoviera actuaciones realistas (comparando el coste de una actuación en hogares vulnerables frente al precio normal de un CAE). Y luego, si esto funcionara, habría que ver el impacto que tendría sobre los compromisos nacionales de ahorro energético: un factor multiplicador básicamente hace que se cree un agujero de ahorros entre los exigido por Europa (o planificado por el Gobierno) y lo aportado por los sujetos obligados. ¿Haría falta tapar ese agujero?
- Si vamos por la vía de la cuota, la ventaja es que no hace falta computar ningún factor multiplicador. Pero el problema es cómo repartir el sobrecoste de estos CAEs, más aún bajo un modelo de negociación bilateral. ¿Quién compraría estos CAEs?¿A qué precio habría que ponerlos?¿Cómo se reparte el sobrecoste entre los sujetos obligados?
En resumen: si se va por el instrumento de precio (factor multiplicador) tenemos un problema con la cantidad. Si vamos por el instrumento de cantidad (la cuota) tenemos un problema con el precio.
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