Acaba
de publicarse el listado de contribuciones de las empresas
comercializadoras de energía al Fondo de Eficiencia Energética, el instrumento
que ha diseñado el Gobierno para adaptarse a la Directiva Europea de Eficiencia
Energética que, recordemos, establece la obligación para comercializadores y
distribuidores de energía de lograr un ahorro de energía equivalente a un 1,5%
anual sobre sus ventas. Inmediatamente han surgido las quejas
de las empresas, acusando al Gobierno de haberse vuelto loco, y de haber
creado un instrumento que va en contra de la Directiva. ¿Es esto cierto?
Pues, para variar, esta vez (al menos por
ahora) voy a defender algo al Gobierno y voy a decir que no. Yo creo que el
instrumento no está tan mal, y que era una de las mejores opciones, dadas las
circunstancias. Por supuesto, tiene problemas serios, a los que dedicaré una
segunda entrega. Pero voy a empezar por lo más original, que es esto de
defender al Gobierno (que no a la Directiva).
Parto de una primera consideración, y es
que a mí la Directiva me parece bastante mala en este apartado de las
obligaciones. Creo que lo de establecer una obligación de reducción como ésta
en un mercado liberalizado es muy complicado. Por ejemplo, ¿Cómo se calculan
las ventas sobre las que hay que reducir?¿Qué pasa si una empresa deja o cambia
clientes, supone eso que ha ahorrado energía? La Directiva pretende obviar esto
diciendo que sólo se ahorra si se hace una determinada actuación de inversión
en eficiencia. Pero, de nuevo, esto tiene problemas: nos olvidamos de los
cambios de comportamiento, difíciles de acreditar pero que pueden ser muy
efectivos; y nos olvidamos también del efecto rebote a la hora de estimar los
ahorros. Un desastre, vaya.
Pero, sea buena o mala, la Directiva hay
que cumplirla. Y la Directiva dice que las empresas comercializadoras deben
ahorrar energía. Y no, no creo que sea buena idea dejar a estas empresas que
ahorren según consideren conveniente, sin obligaciones externas, porque no
es su naturaleza, las comercializadoras se dedican a vender, y cuanto más
mejor. El que una empresa quiera ser más eficiente no siempre supone que vaya a
conseguir ahorros de energía equivalentes a un porcentaje determinado de sus
ventas. Así que, ¿qué hacemos para conseguirlo?
Una opción habría sido poner una
obligación estricta para cada empresa, y que cada cual se apañara buscando las
oportunidades de inversión en eficiencia más interesantes para cumplir con su
cuota de ahorro. Pero esto, como cualquier otro estándar, olvida que las
empresas pueden tener oportunidades distintas para ahorrar, y por tanto costes
distintos. Si esto es así, y no fijamos cuotas distintas para las empresas
según sus costes, incurrimos en una falta de eficiencia, es decir, pagamos más
por el ahorro de lo que deberíamos.
Esto se puede arreglar con un sistema de
certificados blancos: permitimos que las empresas intercambien sus cuotas, de
tal forma que aquellas a las que cueste más ahorrar paguen a otras, a las que
resulta más barato, por hacerlo. Hay ejemplos de sistemas de certificados
blancos exitosos, y además hay mucho de donde aprender. El Gobierno de hecho
proponía esta opción en su Plan de Eficiencia Energética. Pero montar un
sistema así, de forma rápida, no es tan fácil. Afortunadamente, hay un sistema
equivalente: en lugar de un instrumento de cantidad como los certificados, un
instrumento de precio como un impuesto, que en la práctica es lo que es la
contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Este impuesto envía la señal a las
empresas de que deben reducir sus ventas, para ahorrar el pago del impuesto, y,
si está bien calculado, logra el objetivo de ahorro de la forma más eficiente
posible (al contrario que una cuota fija). Si las empresas repercuten el
impuesto a sus clientes, también les animan a ahorrar energía. Y si no quieren
o pueden repercutirlo, también tendrán un incentivo a ahorrar. Eso sí, lo que
está claro es que son las empresas las que tienen que pagarlo, porque son las
obligadas a ahorrar, según la Directiva. Si les hubieran puesto una cuota fija
también tendrían que pagar por los ahorros necesarios para cumplir la cuota, y
además, seguro que pagarían más.
Pero claro, no todo podía ser tan bonito,
y hasta aquí mi defensa del Gobierno. Porque para que esto sea eficiente hace
falta que la cuantía del impuesto sea la correcta, y que el uso de lo recaudado
también. ¿Será ese el caso? Pues tiene pinta de que no. A eso dedicaré la
continuación de este artículo.
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